Xavier Valverde Carcach 

Hoban Law Group

Luego de años de lucha de un sinnúmero de colectivos pro cannabis y profesionales interesados en esta nueva industria, la Asamblea Nacional de Ecuador escuchó el clamor de quienes confiamos en el cáñamo como una alternativa para el sector agrícola de nuestro país y aprobó el 17 de septiembre de 2019, con 85 votos a favor, las reformas al articulado del Código Orgánico Integral Penal relativo a las sustancias sujetas a fiscalización. Reforma que fue publicada el 24 de diciembre de 2019 y entrará en vigencia luego de 180 días de dicha publicación.

Por un lado, esta reforma despenaliza la siembra, cultivo y cosecha del cannabis, siempre que se cuente con la autorización de la autoridad competente para fines terapéuticos o de investigación médico-científica y para uso industrial no farmacéutico, de investigación científica no médica, o adiestramiento, en el marco de lo dispuesto en el año 2015 por la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.

Por otro lado, la propia reforma al COIP se encargó de acoger la tendencia mundial y reconoce al cáñamo como un cultivo distinto del resto del cannabis, entendiendo que el propósito es diferenciarlo de la marihuana, y dispuso que se separe al cáñamo, siempre que tenga un contenido menor al 1% de THC, del resto de la especie Cannabis, ordenando su retiro del listado de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Esto implica un gran primer paso para incluir a Ecuador entre los países de Sudamérica que han seguido la corriente mundial hacia la legalización de los cultivos de cannabis, y específicamente del cáñamo.

Una vez que tal reforma entró en vigencia el 21 de junio de 2020, dirigimos nuestra mirada al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues una de las disposiciones de la reforma al COIP dispone que sea esta cartera de Estado la que emita las regulaciones respecto al cáñamo. Al efecto, este Ministerio tiene el plazo de ciento veinte días para la emisión de la normativa correspondiente. Continuaremos monitoreando y trabajando en estos sucesos, y manteniéndolos al tanto de la regulación y oportunidades en Ecuador.